La CGT expresa su más enfático rechazo y repudio a las medidas anunciadas por el Gobierno Nacional en las que se manifiesta la decisión de disolver la Dirección Nacional de Vialidad, organismo encargado de la planificación, el mantenimiento y la ejecución de la red de rutas de nuestro país.

A su vez, como si fuera poco, el mismo gobierno comunicó la disolución de otros dos organismos cuyas funciones son vitales para el control del transporte terrestre como la Comisión Nacional de Tránsito y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Estas intempestivas e improvisadas medidas dejan en vilo a miles de trabajadores cuyas funciones y tareas en cada una de las rutas de la Argentina son fundamentales para la prevención de accidentes automovilísticos, una de las principales causas de muerte en nuestro país.

Una vez más, el Poder Ejecutivo, en lugar de poner sus esfuerzos en mejorar la vida de las y los argentinos, lleva adelante acciones cuyo único objetivo es generar incertidumbre sobre miles de puestos de trabajo y desidia respecto de nuestra rutas. Este nuevo avance del Gobierno Nacional no hace más que transformar a las rutas argentinas en un espacio donde, más temprano que tarde, el abandono derivará en más accidentes y peligro para las millones de personas que las transitan día a día.

Frente a lo ya expuesto, esta CGT se solidariza con los trabajadores y se pone a disposición de las acciones que se lleven adelante en defensa de los puestos de trabajo y de la seguridad de nuestros caminos.

Gerardo Martinez, Secretario General de la UOCRA y Secretario de Relaciones Internacionales de la CGT RA, fue galardonado por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) quien le otorgó el Premio Iberoamericano en la Cooperación para el Desarrollo Sostenible en la categoría Educación y Formación Profesional.

La distinción fue entregada por Mariano Jabonero, Secretario General de la OEI y Abelardo de la Rosa, Secretario de Estado de Educación del Reino de España.

El evento de premiación se realizó en la sede de la Fundación Ortega Marañón de la ciudad de Madrid.

En vísperas de una nueva elección, cualquier fallo que ponga en cuestión las reglas democráticas, no hace más que alterar el normal funcionamiento institucional de la Nación. Nos referimos a causas en la que se observan serias irregularidades, difusión anticipada de medidas a través de los medios y manipulación informativa.

De este modo, se desvirtúan y desnaturalizan los procesos de investigación y juzgamiento, que deberían ajustarse a derecho y respetar las garantías. En lugar de eso, se transforman en mecanismos de persecución y proscripción política. Un procedimiento que ya fue utilizado en países hermanos, cuyo caso más emblemático fue el del compañero Lula Da Silva en Brasil.

Es la voluntad popular la que debe ser resguardada, ya que solo ella puede decidir, a través de elecciones libres, quiénes serán sus representantes, sin interferencias de otros poderes que obstaculicen ese acto de soberanía constitucional.

La Confederación General del Trabajo expresa su más profundo repudio a la embestida mediática y política sobre la Justicia, y exige responsabilidad al Poder Judicial, para que actúe con la integridad que la ley le exige y la sociedad le reclama. En este sentido, expresamos nuestra solidaridad y apoyo incondicional a nuestra compañera, dos veces Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.

Sin lugar a dudas, la persecución a los candidatos, ya sea del peronismo o de cualquier otra organización que defienda los intereses nacionales y populares, confirma que la proscripción electoral es una condición necesaria para imponer un modelo económico y social de desigualdad, fragmentación y empobrecimiento de las mayorías.

Una vez más, el Gobierno Nacional, a través de sus decisiones, muestra su falta de respeto por los valores democráticos, los derechos fundamentales y el patrimonio histórico y cultural de la República Argentina.

La intervención policial en el Instituto Juan Domingo Perón, ocurrida el pasado sábado 7 de junio, en la que el dirigente social Juan Grabois y el estudiante universitario Valentín Peralta Ramos fueron ilegalmente detenidos, sin orden judicial que respalde ese acto, desnuda un modus operandi ilegal y antidemocrático que la CGT no está dispuesta a aceptar y mucho menos naturalizar.

El Poder Ejecutivo, a través del Presidente de la Nación y la Ministra de Seguridad, no puede solicitar detenciones a gusto y arbitrariedad. Existe un Poder Judicial que debe hacer respetar el derecho constitucional que asiste a toda persona, siguiendo el debido proceso en esta y en todas sus acciones. Sin embargo, nada de eso ocurrió.

Esta CGT publicó un comunicado el pasado 9 de mayo en el que repudió el cierre del Instituto y el despido de sus trabajadores. Además, solicitó al Estado Nacional que el patrimonio cultural quede bajo custodia de la Confederación General del Trabajo, donde los símbolos que constituyen una parte importante de nuestra historia -sin duda- estarán resguardados por quienes verdaderamente los valoran y están comprometidos con su preservación.

La Justicia hizo lugar a la presentación de realizada por esta CGT con el objetivo de que se decrete la invalidez constitucional de los artículos 2 y 3 del Decreto de Necesidad y Urgencia 340/25 que cercenaban el derecho a huelga garantizado por la Constitución Nacional.

La CGT celebra la decisión de la Justicia Laboral de hacer lugar a la medida cautelar presentada y ordenar provisoriamente la suspensión de los efectos del DNU que, sin dudas, poné de relieve esta nueva avanzada del Gobierno Nacional a espaldas de los argentinos.

Este logro de todo el movimiento obrero organizado está inscripto en la correcta estrategia judicial que viene desarrollando la CGT con el objetivo de no permitir el avance del Ejecutivo sobre los derechos conquistados.

Como venimos sosteniendo, esta CGT seguirá dando las batallas que tenga que dar en pos de garantizar y salvaguardar los derechos de todos los trabajadores.

La CGT expresa su apoyo al Proyecto de Ley de Financiamiento Educativo presentado en el Congreso de la Nación por los distintos actores y organizaciones que trabajan todos los días en nuestra universidad.

Los ejes presentados en la iniciativa son aquellos que reclama toda la comunidad educativa desde que el Gobierno Nacional avanzó contra el presupuesto, poniendo en riesgo a los establecimientos donde miles de trabajadoras y trabajadores asisten día a día. En este sentido, la propuesta incorpora temas como gastos de funcionamiento, aumento de becas estudiantiles, presupuesto para Ciencia y Técnica, entre otras demandas.

Tanto el Frente Sindical de Universidades, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina (FUA), se han concentrado en el Congreso de la Nación para la presentación de este proyecto.

Cabe destacar que, la CGT brindará su apoyo a esta y a cada una de las acciones en defensa de nuestras universidades, cuyo funcionamiento es atacado permanentemente por un Gobierno Nacional, que parece no haber comprendido lo que las multitudinarias movilizaciones le han marcado sin miramientos en varias ocasiones.

Sin salarios dignos, no hay universidad de calidad.

La CGT apoya la resolución de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) de decretar el estado de alerta y movilización ante el ataque sistemático del Gobierno Nacional contra los trabajadores del sector.

Esta decisión fue tomada en el marco del Plenario Nacional de la CATT llevado adelante en el día de hoy. La misma se debe al plan de limitación del derecho a huelga impuesto por el Poder Ejecutivo, que afecta a todos los trabajadores y pone en riesgo la estabilidad laboral y las condiciones de trabajo conquistadas a lo largo de la historia. A su vez, la desregulación y entrega indiscriminada de las industrias argentinas al poder económico extranjero, ponen en serias dificultades el sostenimiento de las fuentes de trabajo y el desarrollo nacional.

Frente a este contexto, hacemos propio el reclamo de la CATT e instamos al Gobierno Nacional a entablar un diálogo serio y constructivo con los representantes de los trabajadores del transporte que permita encontrar soluciones a los problemas que afectan al sector y garantizar la estabilidad laboral y la industria nacional.

El Gobierno Nacional, a través del Decreto 340/2025 titulado “Régimen de Excepción de la Marina Mercante Nacional”, intenta suprimir el derecho a huelga en la Argentina de un plumazo y sin debate ni análisis previo.

Bajo el pretexto de declarar como “servicio esencial” al transporte marítimo de personas y/o productos, el Poder Ejecutivo amplía esta categoría, incluyendo un sinfín de sectores como educación, transporte y salud, sin otro criterio que el de restringir el derecho a huelga. En la práctica, esta decisión equivale a cercenar el derecho constitucional a huelga de millones de trabajadoras y trabajadores.

La CGT no permanecerá en silencio frente a esta grave avanzada de un Gobierno que pretende borrar, una vez más, los derechos que tanto costo conquistar y defender.

El movimiento obrero organizado dará las batallas que tenga que dar, sean en los Tribunales, en la calle o en los puestos de trabajo, para garantizar este y otros derechos amenazados por el Gobierno Nacional.

“LA LIBERTAD SINDICAL NO ES DE DERECHA NI DE IZQUIERDA.ES UN DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO PARA TODAS LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES”

Gerardo Martínez, Jefe de la Delegación de la CGT Argentina, presentó la lista de candidatos para el Comité Ejecutivo de la Central Sindical de las Américas para el periodo 2025- 2029, en su 5to Congreso.

En su exposición, destacó la importancia de la libertad sindical y la necesidad de contar con una central regional fuerte, dinámica y atenta a los cambios y desafíos que se producen en el contexto internacional. “La libertad sindical no es ni de derecha ni de izquierda, es un derecho fundamental de acceso para todas las trabajadoras y trabajadores”, sostuvo en su alocución.

 
 

La CGT se manifiesta abiertamente en contra de la medida instrumentada por el gobierno de Javier Milei, que permite el ingreso indiscriminado de productos electrónicos a nuestro país, atentando directamente contra la industria nacional y los puestos de trabajo, principalmente en la provincia de Tierra del Fuego.

La leyenda “Fabricado en Tierra del Fuego”, que vemos en los productos que utilizamos cotidianamente, no es simplemente una etiqueta, sino que representa un modelo de desarrollo para el crecimiento de esta zona estratégica de la Argentina. La resolución del Gobierno Nacional no trae soluciones para nuestro país, sino más bien nuevos problemas para una economía ya castigada por la baja de la actividad y la pérdida del poder adquisitivo.

Frente a esta situación, la CGT insta al Gobierno Nacional a retrotraer esta mala decisión. A su vez, se pone a disposición de la Unión Obrera Metalúrgica para acompañar las medidas que esta considere llevar adelante frente a este verdadero atropello.