Una vez más, el Gobierno Nacional, a través de sus decisiones, muestra su falta de respeto por los valores democráticos, los derechos fundamentales y el patrimonio histórico y cultural de la República Argentina.
La intervención policial en el Instituto Juan Domingo Perón, ocurrida el pasado sábado 7 de junio, en la que el dirigente social Juan Grabois y el estudiante universitario Valentín Peralta Ramos fueron ilegalmente detenidos, sin orden judicial que respalde ese acto, desnuda un modus operandi ilegal y antidemocrático que la CGT no está dispuesta a aceptar y mucho menos naturalizar.
El Poder Ejecutivo, a través del Presidente de la Nación y la Ministra de Seguridad, no puede solicitar detenciones a gusto y arbitrariedad. Existe un Poder Judicial que debe hacer respetar el derecho constitucional que asiste a toda persona, siguiendo el debido proceso en esta y en todas sus acciones. Sin embargo, nada de eso ocurrió.
Esta CGT publicó un comunicado el pasado 9 de mayo en el que repudió el cierre del Instituto y el despido de sus trabajadores. Además, solicitó al Estado Nacional que el patrimonio cultural quede bajo custodia de la Confederación General del Trabajo, donde los símbolos que constituyen una parte importante de nuestra historia -sin duda- estarán resguardados por quienes verdaderamente los valoran y están comprometidos con su preservación.
